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sábado, 7 de noviembre de 2009

La Xunta constata que se filtraron exámenes y pide expulsar a cinco opositores implicados
Propone que corra la lista, exculpa al tribunal y deja que el fiscal esclarezca cómo consiguieron los cuestionarios


El caso de las pruebas selectivas de la Xunta en las que opositores y sindicatos alertaron de una posible filtración, al comprobar que tres hermanos coparon las mejores calificaciones, ya cuenta con un primer veredicto. La investigación interna realizada concluye que los tres aspirantes que comparten apellidos y otros dos que participaron como ellos en las pruebas de acceso al cuerpo administrativo de la Xunta (C1) y en el primer examen de auxiliar administrativo (C2) se beneficiaron de una filtración previa de los cuestionarios. En consecuencia, Función Pública propone al tribunal la expulsión de esos cinco opositores y que corra la lista para no perjudicar al resto, al tiempo que acuerda remitir el caso a la Fiscalía para que indague a través de qué medios se hicieron con los cuestionarios.
Según fuentes consultadas en la investigación, de las pesquisas se ocupó la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, a instancias de Función Pública. El departamento adscrito a la Consellería de Presidencia abrió la primera investigación el 21 de octubre para esclarecer presuntas irregularidades en las pruebas selectivas del grupo C1, que se realizaron en el recinto ferial de Silleda el 19 de septiembre. En el marco de ese proceso, inició unas diligencias complementarias el 28 de octubre, cuando la publicación de las notas del examen del grupo C2 reveló que los cinco opositores con calificaciones más altas en las pruebas del C1 se colaron entre los 16 mejores del ejercicio que se realizó en el mismo lugar el 3 de octubre.
Medio centenar de entrevistas
En un principio, la investigación del grupo C1 se centró en los seis primeros clasificados, porque tenían notas muy superiores al resto de los casi 5.000 aspirantes. Pero, a diferencia de los cinco restantes, ese sexto opositor no figuró entre los 2.764 participantes del examen C2, por lo que finalmente no sería tenido en cuenta dentro de la trama.
Después de entrevistar a un número de personas que las fuentes consultadas sitúan entre 40 y 50, el equipo encargado de las pesquisas constató que los tribunales de los grupos C1 y C2 fueron distintos, por lo que el informe exculpa a sus miembros de cualquier filtración de los ejercicios. Tampoco se encontraron evidencias de recuperación de ficheros tras la grabación definitiva para realizar el examen, es decir, que el cuestionario almacenado en un soporte informático no fue copiado después. El informe determinó también que los opositores estuvieron separados físicamente en el recinto donde se examinaron, con la excepción de dos de los tres hermanos -el tercero ha alterado el orden de los apellidos-, que al estar distribuidos por orden alfabético ocuparon pupitres contiguos. De ese modo, quedaba zanjada la posibilidad de que los implicados pudieran copiarse entre ellos.
La sexta persona con la mejor nota en el grupo C1 quedó libre de sospecha cuando la investigación comprobó que, además de no participar en el examen del C2, no existe nivel de coincidencia entre sus respuestas a la prueba del C1 y las de los otros cinco, donde la coincidencia es plena en aciertos y fallos. En ese punto, los investigadores usaron un informe del Instituto Galego de Estatística que sostiene que la posibilidad de que cinco personas cualquiera coincidan en sus exámenes bajo supuestos de independencia y respuesta al azar es «prácticamente nula».
A la luz de todas estas circunstancias, la Xunta considera que se puede concluir «cunha altísima probabilidade» que en las dos pruebas se ha producido una filtración previa a la realización de los exámenes, y que los cinco opositores conocían los cuestionarios C1 y C2 antes de acudir a las convocatorias. Ante esa certeza, Función Pública propondrá al tribunal la expulsión de los cinco opositores implicados: los hermanos E.?I.?M., M.?M.?I. y A.?M.?I., y otros dos sobre los que la Xunta no ha podido confirmar si tienen relación familiar o afectiva con los anteriores, R.?F.?P. y O.?H.?V.
Pero la resolución de la Xunta deja sin dilucidar la vía de la filtración. Función Pública pretende que esa cuestión la esclarezca la Fiscalía, a la que remitirá sus diligencias internas para que decida si existen indicios delictivos, al margen de la vía administrativa. Será el fiscal el que investigará si la filtración tuvo lugar durante el fotocopiado, transporte o almacenaje de los cuestionarios. La Xunta se compromete a tomar medidas para evitar otros casos de fraude.

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